La paralización responde a la necesidad de controlar el crecimiento de viviendas turísticas y adaptar el uso residencial del municipio a la presión actual del mercado. El objetivo es evitar una situación similar a la de Valencia, donde el crecimiento descontrolado ha obligado a aplicar restricciones muy duras.

No es una medida puntual, es una señal clara de hacia dónde va el mercado.